La Junta de Andalucía prepara una ley para terminar con la Formación Profesional

He dedicado casi la totalidad de mi vida profesional a trabajar en Formación Profesional. He leído infinidad de documentos, he asistido a muchas charlas y cursos en los que he tenido ocasión de escuchar y preguntar a los mayores expertos nacionales y algunos extranjeros, he participado en debates y en todos estas ocasiones he percibido que hay un grado de consenso bastante grande entre los que conocemos la FP sobre las lineas maestras que deben regir un buen sistema de Formación Profesional y cómo debe implementarse y algunas regiones, como el País Vasco lo demuestran constantemente con un sistema exitoso que, no por casualidad, consigue unas cifras de paro juvenil envidiables.

 Las recetas pasan en todo caso por respetar la autonomía de los profesionales dandoles medios y acceso a una buena formación y crear estructuras que faciliten la coordinación intercentros, la relación con las empresas (no con las patronales) y la innovación. Otra constante es priorizar los aspectos educativos de la formación profesional, destinando la mayor parte de los recursos al sistema público y dotándola de una flexibilidad organizativa y autonomía de gestión que le permita atender a las demandas de formación de las empresas y los profesionales de los distintos sectores productivos.

Hace unos días tuve ocasión de leer el borrador de la nueva Ley de Formación Profesional que el Gobierno andaluz está preparando y debo decir con tristeza que no encontré nada de esto. La triste experiencia de la gestión de los cursos de formación parece no haber servido de nada y en lugar de destinar más recursos al sistema educativo y configurar una oferta de calidad y más flexible, lo que se hace es "empotrar" en el sistema educativo una FP para el empleo que ha sido tan bien gestionada en Andalucía que buena parte de los que han intervenido en su gestión y en los cursos de formación son ahora asiduos visitantes de los juzgados.

He redactado un documento que contiene el análisis de los artículos que convierten a esta ley en el principio del fin de la Formación profesional en Andalucía.

También tuve ocasión de comentar este análisis en el programa "Más escuela pública" de Radiópolis, en el que denunciamos que no se había contado con los profesionales para la elaboración de esta ley.

Tras esta intervención, aunque no creo que a causa de ella, la Consejería de Educación ha convocado unas "Jornadas paripé" muy en su estilo. Durante una tarde se junta a profesores supuestamente para debatir sobre el borrador. El programa consiste en escuchar durante hora y media al Sr. Consejero y a la Sra Secretaria General de Formación Profesional (sin preguntas). Tras esto, los profesores se reparten durante dos horas en cuatro mesas de trabajo con temáticas cerradas que no tocan ninguno de los aspectos polémicos de la ley y finalmente se elaboran por algún procedimeinto milagroso las conclusiones. Los profesores serán designados por los directores de los centros. Así evitamos que se cuele ningún profesor díscolo,y si lo hace, tenemos a quién reñir.

Así entienden la participación los que dirigen la Junta de Andalucía.

Lejos de escarmentar y potenciar la parte que está correctamente regulada y tiene todas las garantías, se introducen en la FP las prácticas desprestigiadas: Opacidad, control político, nula participación de la comunidad educativa, intrusismo, falta de garantías profesionales, inestabilidad laboral...
Es definitiva, todo aquello que hace a los políticos sentirse libres para mangonear, hacer y deshacer a su antojo sin ningún control ni garantía.